Por Alejandra Dandan
Sin saberlo, el 18 de agosto de 2000 unos noventa obreros metalúrgicos de
Avellaneda producían un cimbronazo en el campo de la economía. Tenían en la mano
sólo un telegrama de despido y el anuncio de quiebra de la fábrica: "Entonces –cuenta
uno– decidimos ir y hacerle una pregunta al portero y cuando abrió la puerta nos
metimos todos adentro". A partir de ese día comenzó en el país
un proceso inédito de recuperación de fábricas quebradas y abandonadas. En dos
años se crearon 107 plantas de gestión obrera con más de diez mil trabajadores
organizados en cooperativas o bajo el modelo definido como de control obrero.
Desde ese lugar se están gestando cambios de dimensiones estructurales. El 90
por ciento de las fábricas eliminó los puestos jerárquicos e instrumentó un
régimen igualitario de redistribución del ingreso. En el 70 por ciento de
los casos, la producción ya alcanzó o superó los niveles anteriores. Hay casos,
como el de Avellaneda, donde los obreros contrataron a otras 19 personas para
cubrir una demanda que supera el 50 por ciento de la anterior. A
dos años de la reapertura pagaron créditos, compraron máquinas, ampliaron el
local y, por si fuera poco, en idénticas condiciones de trabajo ahora ganan
cuatro veces más.
El fenómeno de las fábricas recuperadas es un proceso que
despierta interés en distintos frentes. Página/12 accedió de forma exclusiva a
una de las investigaciones que está realizando el equipo de Sociología de las
Organizaciones de la Facultad de Sociología de la UBA. La investigación se
presentará en el mes de mayo próximo en el Congreso Internacional de
Cooperativismo de la ciudad de Victoria, en Canadá, y en ese contexto, tiene
aquí el carácter de anticipo. El estudio se hizo sobre 20 casos que permiten
entender causas, emergentes, sectores involucrados, etapas, trayectorias
laborales y las distintas perspectivas que se abren para este frente desde donde
parece consolidarse un modelo alternativo de economía social.
El punto de partida de ese proceso está puesto en Unión y Fuerza, aquella
metalúrgica de Avellaneda que inició la toma en agosto de 2000. Aunque hubo
casos anteriores y tomas de fábricas en otras décadas, para los investigadores
esos antecedentes respondían a otro contexto histórico, económico, político y,
sobre todo, eran encarnados por otro tipo de obreros. "Antes –dicen– no era la
defensa del trabajo lo que movía la toma de fábricas, era la ideología." Gabriel
Fajn es el coordinador del grupo y uno de los que estudió la trayectoria gremial
de estos nuevos obreros. "Los que encarnan estas nuevas tomas –dice– son un
grupo heterogéneo, pero la mayoría tiene nula o escasa experiencia gremial."
El proceso de refundación de fábricas no se conoció hasta
después de la crisis de diciembre de 2001. Los casos Brukman y Zanon
aparecieron en ese contexto. A esa altura, dice Fajn, al menos una decena de
fábricas ya habían sido tomadas o estaban en proceso de recuperación. "En ese
sentido –explica–, la etapa del 19 y 20 actuó sólo como un momento de quiebre
histórico, como factor aglutinador de distintas experiencias, de distintos
actores." Entre las mismas empresas, explica, "comenzaron a formarse
organizaciones, movimientos o federaciones que hasta ese momento no existían;
cada una era un fenómeno más o menos aislado, sin conexión".
En este momento el 80 por ciento de las fábricas recuperadas funciona como
unidad de producción pequeña, con un promedio de 38 obreros. Sólo el 20 por
ciento restante es una gran empresa con más de cien trabajadores.
En términos generales, desde el momento de la toma hasta la refundación
suelen pasar varios meses donde se resuelven desde cuestiones legales hasta el
modelo de organización que se dará.
En el caso Unión y Fuerza, la primera en comenzar estos ensayos, la toma se
extendió durante seis meses. Los obreros volvieron a abrirla en enero de 2001.
Desde ese momento hasta ahora han pasado exactamente dos años.¿Cuáles fueron los
resultados? ¿Cuáles los efectos? Y ¿por qué los obreros ese día optaron por una
ocupación? ¿Por qué no lo hicieron antes?
Quebrados
Hasta la toma, Unión y Fuerza era Gip Metal, una fábrica metalúrgica dedicada
a la manufactura de caños de cobre con más de treinta años en Avellaneda. Los 90
obreros cumplían turnos rotativos y la producción mensual superaba las cien
toneladas. Con esas dimensiones, los dueños se llevaban una ganancia de 30 mil
pesos semanales.
Aunque las condiciones de rentabilidad nunca cambiaron y la empresa siguió
vendiendo, para agosto de 2000 los dueños optaron por la quiebra, un final que
venían preparando desde hacía meses. Habían fraguado la venta del galpón, ya no
hacían aportes patronales, acumulaban deudas con proveedores y con empresas de
servicios. Pocos días antes de la quiebra, cambiaron el nombre de la empresa y
buscaron nuevos obreros para reemplazar a los antiguos.
Este tipo de disolución empresaria no era nueva en el país. Por aquellos días
la declaración de una quiebra se convertía en una alternativa rentable para la
clase empresaria. Natalia Bauni es una de las sociólogas de la
UBA que rastreó estos antecedentes en los procesos de tomas de fábricas. En el
90 por ciento de los casos, dice, las tomas se produjeron en empresas que habían
apelado a la quiebra para cerrar sus puertas. "La mayoría de los empresarios –dice–
desde hacía cuatro años venía alentado la lógica de la capitalización financiera
en detrimento de la capitalización productiva; en ese escenario, la quiebra y el
vaciamiento aparecían como una opción ventajosa y rentable."
Para los obreros de la Gip estos datos no pasaban
inadvertidos. Seis meses antes del cierre notaron ciertas operaciones extrañas.
Roberto Salcedo era en ese momento el electricista de la empresa. Un día
los dueños lo llevaron a un galpón recién alquilado para hacer una instalación
de luz: "Imaginate –dice–, tenían el inodoro clavado a la tierra sin entrada ni
salida de agua. Todo para engrupir al juez de que ahí estaba la fábrica". Aquel
galpón era parte de una pantalla, estaba abierto sólo para convencer al juez el
día de la quiebra. Para los obreros todo esto eran sólo datos sueltos que
alimentaban el miedo y las sospechas.
–¿Nosotros? –dice Salcedo–. Nosotros sabíamos de toda esa maniobra, pero ¿a
quién se la íbamos a decir?
La toma
Ante los despidos, los obreros iniciaron una ronda de consultas por el
sindicato. Para la UOM no tenía sentido ningún tipo de batalla. Con el proceso
de quiebra abierto, les dijeron, la única opción que tenían era sumarse a la
cola donde esperaban los acreedores. Pero los obreros sabían que ese camino era
incierto: el 95 por ciento de la fábrica tenía entre 40 y 60 años de edad; la
mayoría de la gente llevaba varias décadas ahí. No tenían recursos, no tenían
ahorros y ni siquiera contaban con los últimos sueldos. En ese escenario sabían
que el cierre los desplazaba hacia el nicho de la desocupación, uno de los pocos
sectores que no dejaba de crecer en todo el país.
–¿Eran una fábrica combativa?
–Relativamente, cuando había que colaborar con la empresa se colaboró: no nos
proveían de ropa, nos cortaron la leche, nos pidieron que no hiciéramos lío
porque no había cascos, se nos atrasaban con los sueldos, no nos pagaban los
aguinaldos. Nosotros reclamábamos siempre, pero al final aflojábamos. Nos pedían
colaboración para reflotar la empresa. Y el obrero cumplió, pero ellos, a ver, ¿cómo
nos pagaron?
–¿Habían pensado en la toma?
–Nosotros escuchábamos esa palabra de nuestros padres, de nuestros abuelos,
de luchas viejas, anteriores, no teníamos experiencia en lo personal de todo eso.
Por cada una de estas características ni ellos ni probablemente los dueños de
la metalúrgica esperaban el inicio de la toma. Frente al galpón, los dueños
habían puesto sólo un custodio y dentro de las oficinas habían dejado cheques,
membretes, facturas y los contratos destinados a los nuevos obreros con los que
planificaban una reapertura. Este mismo tipo de escenarios se repetiría meses
después en el resto de las fábricas recuperadas. Las tomas estaban fuera del
imaginario de los dueños, pero también de los grupos de trabajadores que venían
atenazados por el impacto de la desocupación y de años de desactivación gremial.
A esto, los sociólogos llaman "gestión de la resignación": "Durante años, por el
fantasma de la desocupación –dice Fajn–, los obreros aprendieron a naturalizar
situaciones de explotación cada vez más intolerables". Entre esas situaciones,
en los casos relevados se advirtió la aceptación de prácticas de precarización
del trabajo donde se multiplicaban situaciones de explotación horaria, falta de
pagos y un cúmulo de irregularidades frente a las cuales, dicen, pocos lograban
articular alternativas.
El obrero formado en ese escenario fue sin embargo el que en un momento
decidió la toma. El impulso, para los investigadores, estuvo dado justamente por
la desaparición del miedo al desempleo y la constatación del estado de
desocupación: "En la totalidad de los casos –dice Fajn–, el elemento disparador
de una toma es el momento en que todos se quedan sin trabajo: sólo cuando el
terror supera cualquier otro miedo se da una acción profunda y de carácter
colectivo".
En la Gip de Avellaneda pasaron 48 horas entre los despidos y
la ocupación del galpón. En ese momento, los obreros no sabían hasta
dónde llegarían con la medida.
–No había dos opciones –dice Salcedo–: o reflotábamos esto o íbamos a vender
chupetines a la esquina; y a ver ¿quién te compraba los chupetines?
Recuperados
Durante los seis meses de toma, los obreros comieron con unos pocos bolsones
de comida entregados por el sindicato, salieron a pedir ayuda a las
universidades, pidieron dinero en las iglesias, hicieron misas en el galpón, se
enfermaron, se divorciaron y vendieron pasta frola en el parque Domínico. En ese
tiempo, recibieron una sola orden de desalojo que terminó revirtiéndose con el
procesamiento de los dueños de la fábrica. Para impulsarlo, la gente presentó la
documentación que probaba la existencia de una quiebra fraudulenta.
Con esos antecedentes el juez inició el procesamiento y a
continuación el trámite de expropiación temporal de dos años que les permitiría
recomenzar legalmente las actividades.
Alrededor comenzaba a formarse muy lentamente lo que más tarde sería el
Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Durante el primer año, cuando
Fernando de la Rúa aún encabezaba la presidencia del país, se formó el Palmar de
producción de ladrillos, otra metalúrgica llamada Los Constituyentes, se refundó
Roby y comenzaba la etapa de conflictos en Supermercados Tigre y la Avícola
Moreno. Mientras tanto, Unión y Fuerza ya trabaja a façón, es decir,
manufacturando materia prima provista por sus clientes. De ese modo subsistieron
los primeros meses, mientras lograban convencer a los proveedores de que eran
personas serias:
–Imaginate –dice Salcedo–, íbamos nosotros de overol y había
que explicarles que el de la deuda no era yo, sino los dueños.
En dos años pagaron los créditos de las máquinas, las deudas
de luz, gas, insumos, compraron un horno de 90 mil pesos y acumularon un stock
de cobre de 140 toneladas. La nueva gestión les permite ahorrar el 70 por ciento
de la recaudación que iba destinada a los dueños y directores. Ahora
redistribuyen un excedente semanal cuatro veces más alto que los antiguos,
trabajan en turno de ocho horas y destinan un 15 por ciento dela ganancia a
inversiones y capitalización. Y además, todos los socios tienen el mismo
ingreso, desde el barrendero hasta el presidente.
ENTREVISTA AL COORDINADOR DE
INVESTIGADORES DE LA UBA
"Se fue generando un efecto contagio"
Por Alejandra Dandan
Gabriel Fajn es coordinador del grupo de investigación de la carrera de
Sociología de la UBA que tomó como objeto de análisis este año el fenómeno de
las fábricas recuperadas. Durante seis meses, unos quince
sociólogos y comunicadores sociales organizaron una base de datos con los
registros de 107 empresas y cooperativas recuperadas y trabajaron sobre veinte
casos en profundidad. Como punto de corte tomaron el 18 de agosto del año 2000,
el momento en el que 53 obreros de Gip Metal de Avellaneda entraban a la fábrica
para comenzar seis meses de toma. "A partir de ese momento –dicen– empieza la
seguidilla de quiebras o fábricas abandonadas que son retomadas por sus
trabajadores de formas similares." Consideran diciembre de 2001 como un punto
que actuó como articulador inédito de distintos actores sociales y el desempleo
como el estímulo que reemplazó en esta época a la ideología de otros momentos.
–¿Por qué Unión y Fuerza tiene para ustedes el carácter de
originador de este proceso?
–En realidad los comienzos son arbitrarios, uno puede ponerlo
en los ‘90 con Yaguané o con el IMPA, pero nos parece que desde Unión y Fuerza
se abrió un nuevo panorama donde se desarrolló un modo de replicar métodos
distintos de resolución de conflicto. A partir del año 2000 empieza a
haber una seguidilla de fábricas tomadas. Lo atípico es que no
fueron casos aislados: en menos de dos años tenemos una gran concentración de
fábricas recuperadas en todo el país.
–El proceso logró visibilidad después de diciembre de 2001.
¿Ustedes consideran que esa visibilidad aceleró el movimiento?
–Me parece que sí, generó un efecto contagio y de animosidad porque de algún
modo, para cierto colectivo, estas experiencias se volvieron factibles.
Pero hay que remarcar que existía un germen y que después del 19
y 20 tomaron una dimensión mayor. Las asambleas comenzaron a apoyar a las
fábricas, intervinieron los piqueteros; los vecinos generaron enlaces que hasta
ese momento no se daban.
–En estos años se han desarrollado dos grandes modelos de
gestión obrera, el de las cooperativas nucleadas fundamentalmente alrededor del
Movimiento Nacional de Fábricas recuperadas y aquel modelo de Control Obrero con
Brukman y Zanon como referentes. ¿En qué se han diferenciado?
–Las cooperativas por ejemplo tienen niveles de desarrollo
interesantes en su lógica organizacional, desarrollaron dinámicas internas de
horizontalidad, niveles de democracia interna muy altos, tomas de decisiones
colectivas, prácticas asamblearias; es decir, una serie de prácticas
democráticas ejemplares. Las de control obrero tienen un funcionamiento
bastante parecido en ese aspecto, pero el grado de articulación con el afuera es
mucho mayor. Se vincularon con piqueteros, con asambleas y no sólo durante el
conflicto sino que esta dinámica fue parte de una política muy inteligente y
estratégica en su crecimiento.
–¿Cómo se materializa este nuevo tipo de relaciones en las fábricas?
–Si bien hay prácticas que pueden tender a burocratizarse, en la gran mayoría
de los casos existen asambleas semanales o quincenales, trasparencia de
información y de los estados contables, revisión de las cuestiones jerárquicas
anteriores y, por lo tanto, en lugar de tener marcos de jefaturas jerárquicas
tienen figuras de supervisión y coordinación.
–¿Todas las tomas fueron forzadas?
–A grandes rasgos, puede decirse que un 80 por ciento de
los casos, las fábricas fueron ocupadas con medidas de fuerza, en el resto de
los casos la medida se tomó después de una negociación con los dueños.
–Por la experiencia de Unión y Fuerza, puede intuirse que la
reactivación incluye varias etapas. En ese sentido, ¿cuál es la situación
general de las fábricas?
–Es necesario leer la reapertura como un proceso en el que la producción pasa
de un momento de mayor dependencia a mayor autonomía. Una parte importante de
las fábricas ha pasado de la etapa de trabajo a façón, donde sólo venden mano de
obra a partir de la materia prima que le dan los clientes. Y la mayoría ya
combina el façón con cierta capitalización y trabajo autónomo.
–¿Cuál es el grado de compromiso de los obreros con cada uno de los proyectos?
–Este es un punto interesante, puede decirse que el grado de participación es
directamente proporcional a las dimensiones que ha tenido el conflicto en esa
fábrica. Vimos que existen diferencias marcadas por el tipo de
conflicto. En aquéllas donde cualitativamente el conflicto fue mayor, o por los
días o por la represión, el nivel de participación aumenta. Puede decirse que
las características del conflicto se van a inscribir de distinto modo en las
relaciones posteriores.
La relación con el afuera
Hay una hipótesis que parece consolidarse con el desarrollo
de las empresas recuperadas: la modificación del rol social de las fábricas.
Hasta ahora el desarrollo de una empresa estaba basado fundamentalmente
en su estructura interna. Con las fábricas tomadas esto se trasforma. Como si se
tratara de una marca de origen, el crecimiento de las nuevas empresas está
condicionado por dos factores: uno es endógeno, pero el otro depende del grado
de articulación con el mundo externo, con otros actores sociales, con otras
cooperativas y con el Estado, una de las variables indispensables.
Para analizar las proyecciones del nuevo modelo de gestión obrera, los
investigadores consultados por este diario evalúan dos aspectos: el rol que
jugará el Estado en el futuro frente a estas nuevas experiencias y el que
tendrán los legisladores. En la mayor parte de los casos, los obreros aún no
tienen una situación legal definida. Han logrado expropiaciones de tipo
transitorias que no superan los dos años. En el camino, tampoco recibieron
subsidios importantes del Estado ni créditos de las entidades bancarias o
financieras. En ese contexto, los obreros están convencidos de que un cambio en
el frente político puede alterar su situación de fuerza frente a quienes se
oponen a las modalidades de recuperación de fábricas. "Un fallo de
inconstitucionalidad de la Corte Suprema, por ejemplo, puede poner en crisis el
proceso y los modelos de gestión que vienen dándose", indica Gabriel Fajn, uno
de los sociólogos consultados.