José Steinsleger
La Jornada

Con guantes de látex Julia fríe papas en aceite que hierve a más de 200 grados. La máquina que utiliza Elsa en la sección empaque, diseñada para funcionar a 80 golpes por minuto, lo hace a 120. Rosalba se asfixia dentro de la fábrica porque los ventiladores arrojan permanentemente el mismo aire caliente y rancio de las freidoras.

Las manos de Julia están llenas de ampollas. Elsa tiene las muñecas hinchadas debido a la velocidad de la máquina. A causa de sus várices, Rosalba puede trabajar sentada, pero se fríe, pues las sillas disponibles son de aluminio, ex profeso.

Las várices son la enfermedad principal de la filial argentina de Pepsico Snacks, compañía de Pepsi que elabora papas fritas y otros productos alimenticios; 70 por ciento del personal son mujeres que trabajan ocho horas de pie, con 30 minutos para comer e ir al baño. El año pasado una de ellas demandó a la empresa y la obligó a cubrir su tratamiento de flebología. Fue despedida y el sindicato, cómplice de la patronal, retiró esta especialidad de la cobertura médica de la obra social.

Con salarios de hambre, Julia, Elsa y Rosalba son jefas de hogar después de que sus maridos pasaron a engrosar las filas de la desocupación. Así es que la multinacional supone que deberían sentirse agradecidas de trabajar en una empresa que, luego de arrasar con el mercado nacional de papitas, se jacta de impulsar una política correcta con respecto a las mujeres y las minorías étnicas, tal como dicen de los cantantes latinos Chayanne y la étnica colombiana Shakira en los anuncios de la tele.

Sin embargo, en asuntos de represión laboral Coca Cola parecería ser más eficiente que su acérrima competidora. En Colombia y en otros países, por ejemplo, la "chispa de la vida" se especializa en sembrar muerte. "Coca Cola y su filial Panamco, SA - afirma un comunicado suscrito en Bruselas por 27 organizaciones laborales- participan de la guerra sucia contra el movimiento social y en los últimos 10 años han sido asesinados ocho dirigentes del sindicato de trabajadores, a más de los perseguidos y despedidos de la empresa."

Las violaciones de derechos humanos en Coca Cola no se limitan a Colombia. En Estados Unidos, Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, Israel y Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) ha iniciado acciones judiciales contra la empresa. Una de las paradojas que denuncian los sindicatos y colectivos sociales es que bajo el paraguas de la mundialización y de la militarización de América Latina, Coca Cola puede comprar coca y elaborarla en su bebida, mientras los indígenas que la siembran desde tiempos inmemoriales son reprimidos en el contexto de la guerra contra las drogas.

Estos casos representan apenas algunos de la simbiosis entre la violencia y la imposición del capitalismo salvaje. Multinacionales bien conocidas como McDonald's, Monsanto, United Fruit, Unilever, Ford, Endesa, General Motors, Repsol, Mercedes Benz, Bayer, etcétera, también han ido perfeccionando sus métodos de represión de trabajadores.

En 1975 las fuerzas armadas argentinas justificaron la legalidad de su accionar represivo con base en un decreto que firmó Carlos Ruckauf (actual canciller del presidente Eduardo Duhalde) en calidad de ministro de Gobierno de Isabel Martínez de Perón. El decreto ordenaba a los militares el aniquilamiento de lo que en forma genérica se denominaba "subversión".

Durante el juicio de 1985 a los comandantes de la dictadura se recogieron testimonios que mostraron cómo las tropas de asalto del general Ramón Camps volteaban las puertas de los delegados gremiales y los identificaban con las fichas de la oficina de personal de la Ford. El año pasado la periodista Gaby Weber probó en forma irrefutable la complicidad del ex ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, en el exterminio de 14 integrantes de la comisión interna de la Mercedes-Benz, en la localidad de Cañuelas.

En noviembre de 2002 una querella basada en la declaración de Pedro Norberto Troiani, sobreviviente de la dictadura militar 1976-83, presentó en los tribunales de La Plata pruebas de que la Ford Motor Argentina se transformó en un "cuartel militar" a partir del 24 de marzo de 1976, día en que empezaron a desaparecer los trabajadores de Ford: "El mismo día de mi secuestro la empresa mandó un telegrama a mi casa diciendo que me presente a trabajar o que me considere despedido... El sindicato nos dio la espalda".

La alianza entre las corporaciones multinacionales, los empresarios nativos, los políticos y sindicalistas corruptos, los militares y el Estado dista de ser novedad. El proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que dará inicio formal en 2005, tiene como propósito ineludible acabar con todos los derechos laborales y actualizar los métodos de represión y esclavitud expuestos, poniéndolos al día.